Resistencia al empleo formal afecta a jóvenes

Foto: Lesly Martínez

El desempleo no es el único problema que afecta el mercado laboral entre los jóvenes. Hay otros que surgen no de las política que tenga el gobierno en materia de trabajo, sino de la dificultad que tienen algunas personas de adaptarse a ese ambiente, sobre todo cuando son nuevos en él.

La adaptabilidad laboral o “la capacidad que desarrolla un individuo para hacer frente a los cambios que surgen en el ámbito laboral”, según la definición que ofrece la psicóloga clínica Lusmai Ortega, es un proceso por el que pasa todo individuo y una vez que lo logra “es capaz de afrontar, aceptar y trabajar en pro y a la par de las circunstancias, imprevistos y normativas que se generan”.

Precisamente es a principios de la edad adulta cuando más le cuesta a los individuos adaptarse al mundo laboral “debido a que no poseen la madurez para aceptar y seguir normas, ‘imposiciones’, que toda empresa tiene”. En esa transición entre la adolescencia y la adultez “muchas veces no se ha aprendido a asumir responsabilidades y se tiene la percepción de ser el ‘todopoderoso’ o de tener habilidades para enfrentarse dentro de cualquier campo laboral”, explicó Ortega.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ubicó el índice de desempleo juvenil (personas con edades entre 15 y 24 años) en el país en 19,5% para junio. El porcentaje entre personas con edades entre 25 y 44 años es considerablemente más bajo con 7,1% para el mismo período.

Sin embargo, el organismo no muestra estudios relativos a la rotación juvenil en los empleos. En otros países de América Latina se ha prestado mayor atención a estos casos. En Argentina, por ejemplo el Centro de Estudios en Políticas Públicas (Cepp) determinó que el 65% de los jóvenes (entre 18 y 24 años) no llega al año en un empleo.

El análisis del estudio coincide con Ortega en que una de las razones para que esto suceda es la dificultad que tienen los jóvenes para seguir reglas, además de que buscan satisfacción inmediata o consiguen empleos precarios.

Resistencia

Son varias las razones por las que los jóvenes se resisten al empleo formal, una de ellas es que a nivel informal “existe la facilidad y rapidez de adquirir ganancias y gratificaciones inmediatas, atrayéndolo hacia lo que le proporciona una respuesta efectiva, ante situaciones como pagar sus estudios y aportar dinero para la casa”.

“Otra de las razones es que no están preparados para seguir normas y cumplir límites como un horario determinado, reportar a un superior, cobrar quincenal o mensualmente y trabajar para otros, lo cual puede generar inconformidad e insatisfacción basadas en las inseguridades propias del individuo, preguntándose ¿Haré bien el trabajo?, ¿Podré cumplir con todos las funciones?, ¿Estudié para trabajar en esto?, ¿Realmente me gusta lo que estoy haciendo?”.

-¿A qué se debe que algunas personas tiendan a cambiar constantemente de empleo?

-Primeramente, a la incapacidad para aceptar y adaptarse al cambio, a nuevos ambientes y mantenerse en ellos, así como para seguir y cumplir normas y reglamentos previamente establecidos. También a la necesidad de buscar continuamente nuevas gratificaciones y beneficios a nivel personal (como individuo) que cumplan con las expectativas o motivaciones que ya la persona trae consigo y va desarrollando a medida que adquiere experiencia laboral.

-¿Cuáles son las consecuencias de ese comportamiento?

-Para la empresa, inconsecuencia e incumplimiento de las labores por parte del trabajador, posibilidad de retirarse de la empresa en cualquier momento, conflictos con el personal ante cambios o situaciones imprevistas.

Para el trabajador, inestabilidad y conflictos emocionales pudiendo llegar a padecer trastornos como ansiedad y depresión debido a que no posee las herramientas para desenvolverse en un medio durante un tiempo prolongado ni satisface las gratificaciones previamente esperadas por lo que se verá en la necesidad de cambiar constantemente de ambiente. Es por esto, que se recomienda en las empresas la asesoría y evaluación por parte de un psicólogo con el propósito de prevenir y abordar la salud mental del trabajador.

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¿Cómo combatirlo?

¿Cuáles son las herramientas que están en menos del empleador para ayudar a los jóvenes -e incluso a cualquiera de sus trabajadores- a adaptarse al ambiente laboral?

La psicóloga Lusmai Ortega ofrece dos opciones que pueden ser de mucha utilidad para combatir los índices de rotación de empleo:

En primer lugar ofrecer charlas y talleres de formación y capacitación “donde se aborde tanto al trabajador como ente individual como al trabajador incluido en un grupo, en un colectivo”. Recomienda que “la preparación debe abarcar los aspectos situacionales orientado hacia la resolución de conflictos, eventos inesperados, comunicación asertiva, trabajo en equipo, cumplimiento de metas, toma de decisiones entre otros”.

En segundo lugar, brindar gratificaciones al personal y no solamente se refirió al tema económico, sino el simple hecho de que se le permita al trabajador personalizar el área de trabajo -donde seguramente pasará la mayor parte del día- ayudará a mejorar la producción en el empleo.

Las gratificaciones deben basarse siempre “en los valores, la misión y la visión que posea la empresa”, refirió Ortega, “las mismas pueden ir desde colocar fotos de sus seres queridos en el puesto de trabajo hasta realizar un paseo semestral en conjunto con sus hijos y la empresa y/o entregar un bono monetario de acuerdo a la productividad y/o cumplimiento de horario, entre otros”.

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El mundo clama por trabajos dignos

La informalidad laboral no garantiza los beneficios que la OIT exige dentro del proyecto por el trabajo decente. Foto: Lesly Martínez

Bajo la consigna de combatir el trabajo precario y promover la regulación mundial del sector financiero se celebró este año la cuarta Jornada Mundial por el Trabajo Decente (Jmtd) con más de 600 acciones que se realizaron en todo el mundo, incluyendo Venezuela.

El concepto de trabajo decente lo estableció la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1998 cuando aprobó la declaración de los Derechos Fundamentales en el Trabajo.

Tello Benítez, abogado laboral, lo define como el “trabajo productivo, con condiciones de protección al trabajador, protección social, equidad, igualdad, seguridad y que garantice ingresos suficientes para cubrir los gastos familiares”.

La Jmtd se celebra el 7 de octubre desde hace 4 años, impulsado por la Confederación Sindical Internacional (CSI). Este año se contabilizan hasta ahora 653 acciones en 93 países, siendo los europeos los más activos. En Venezuela las actividades han sido menos impactantes pero hay organizaciones que están impulsando esta jornada en el país, tal es el caso de Fundatrabajo, presidida por Benítez junto a la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab).

Son dos semanas de actividades en distintas partes del país que incluyen foros, declaraciones de prensa, programas radiales, reuniones entre trabajadores y empleadores. La jornada cerrará en el Venezuela este 14 de octubre con el foro en la Ucab-Guayana por el trabajo decente.

Contra el desempleo

Los niveles de desempleo a nivel mundial alarman a toda la población, actualmente, según la CSI existen 205 millones de personas desempleadas en todo el globo y las proyecciones no son alentadoras: para la próxima década se estima que 45 millones de jóvenes se sumen a estas estadísticas. Por esta razón son ellos los que encabezan las jornadas de protestas que piden a los gobiernos tomar las medidas económicas necesarias para generar empleos decentes y sostenibles.

La principal petición es acabar con esos trabajos en los que no se cuenta con beneficios sociales, que sean inseguros, bajos salarios y altos riesgos de lesiones y enfermedades laborales, indica la CSI.

Combatir este tipo de trabajos es dar un paso adelante para cumplir con la disminución de la pobreza en el mundo antes de 2015, que es la primera Meta del Milenio.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Venezuela ha avanzado en este aspecto, al menos hasta el 2009 cuando presentó el último informe sobre el cumplimiento de las Metas del Milenio en el país.

Desde 2003 hasta el segundo semestre de 2009 la tasa de desocupación bajó de 16,8% a 7,5%. Ese proceso de disminución de pobreza extrema se vio interrumpido en 2001 luego del paro petrolero, indica el informe. El índice Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso, se ubicó en 0,3928, el nivel más bajo desde 1997.

Cifras más actuales ubican el desempleo en 8,3 puntos para agosto de este año. De ellos el 56,2% está en el sector formal y 43,8% en el informal.

No obstante, las medidas que se han tomado en el país no garantizan el trabajo decente. Benítez resaltó que a pesar de que Venezuela está adscrita a la OIT “su política laboral contrasta con ella. Por ejemplo, el vencimiento de las convenciones colectivas y las amenazas a la libertad sindical”.

Tampoco hay una lucha efectiva contra la explotación infantil y los trabajos forzosos, lo que se traduce en la precarización del trabajo, indicó.

La Jmtd en Venezuela

El presidente de Fundatrabajo insistió en que el planteamiento de la Jmtd llegó tarde a Venezuela y al movimiento sindical se le ha dificultado unirse en torno a este reclamo. Sin embargo, desde la primera jornada han participado de esta iniciativa.

La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) realizó en aquel momento el foro denominado Agenda Sindical Unitaria “Por el Trabajo Decente” junto con otras centrales sindicales, federaciones y organizaciones gremiales.

Durante el mismo, el directivo del Instituto de Estudios Sociales, León Arismendi, dio a conocer el proyecto de los derechos fundamentales de la OIT y las 5 líneas maestras del mismo: empleo, protección social, derechos de los trabajadores y el diálogo social.

Arismendi criticó en ese momento las deficiencias en las estadísticas laborales del país, lo que dificulta medir la eficacia de las acciones que toma el Estado para incentivar el trabajo decente.

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Inicios

Con el objetivo de que se imponga el proyecto de trabajo decente desarrollado por la Organización Internacional del Trabajo, en 2008 la Confederación Sindical Internacional promovió la Jornada Mundial por el Trabajo Decente.

“Es una jornada de movilizaciones en el mundo entero: un día en que todos los sindicatos del mundo se unen para promover el trabajo decente. El trabajo decente ha de figurar en el centro de las acciones de los gobiernos para recuperar el crecimiento económico y construir una nueva economía global que sitúe a las personas en primer término”, describe la CSI.

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ONU vela por derechos humanos en Venezuela

Independencia de poderes, derecho a la vida, la situación carcelaria, libertad de expresión y respeto al trabajo de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) fueron los puntos más álgidos a los que se enfrentó Venezuela durante el Examen Periódico Universal (EPU) en Ginebra.

Setenta y cuatro naciones juzgaron, para bien o para mal, los derechos humanos en Venezuela, 50 de ellas tuvieron la oportunidad de hacerlo verbalmente formulándole preguntas a la delegación venezolana que contaba con altos funcionarios: el canciller Nicolás Maduro; la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz; los embajadores en Europa y más de 20 funcionarios públicos, entre ellos, la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez. 43 naciones rechazaron la política de derechos humanos en el país.

Los primeros en intervenir fueron países aliados de Venezuela, entre ellos,  Cuba, Nicaragua y Rusia. Sobre la mesa estaban el informe que presentó el Estado venezolano con 152 puntos y que fue criticado en el país porque le faltaban cifras. También redactaron su documento 144 organizaciones gubernamentales que velan por los DDHH en el país.

Finalizada la primera parte de la evaluación, la de las intervenciones, el presidente de la República Hugo Chávez calificó como una victoria la participación de Venezuela. En tanto las ONG del país como la comunidad internacional alabó el reconocimiento y la importancia que se le dio al EPU y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que fue visto como un espacio para el diálogo y para buscar soluciones; pero días más tarde, ya en suelo venezolano, se volvió a criticar la actitud que tomó la representación gubernamental en torno a las recomendaciones que se le dio.

Claves de los DDHH en el país

Rocío San Miguel, presidente de Control Ciudadano, una de las ONG presentes en Ginebra, destacó que del examen resultaron cinco puntos claves que son necesarios corregir en el país.

En primer lugar el derecho a la vida, pues las cifras indican que este es el país más violento de América Latina y hacen falta medidas urgentes para disminuir el nivel de agresión en el territorio nacional.

La violencia y el hacinamiento en el sistema carcelario es otro de los temas que apuntó San Miguel. Le siguen la libertad de expresión y la criminalización hacia este derecho, la independencia de poderes -en especial del judicial- y el respeto a los defensores de los derechos humanos son puntos que el Gobierno debe resolver.

Para la presidenta de Control Ciudadano, “el Estado no tuvo una respuesta feliz y trató de ‘invisibilizar’ las cifras”. Sin embargo, “esperamos rectificación del Gobierno”.

San Miguel fue una de las que cuestionó la actitud que se tomó después del EPU. “Esta es una oportunidad estelar para el Gobierno de rectificar en derechos humanos y elaborar un  plan nacional, (sin embargo) en 72 horas desde que se realizó la evaluación, las reacciones del Gobierno han sido muy feroces”.

Momento de mejorar

“El Gobierno decide qué posición tomar en las condiciones que más le convienen (…) Confiamos que las medidas que se tomen sean transparentes, que evalúen y tomen en cuenta que la evaluación es para mejorar los derechos humanos”, dijo Marco Antonio Ponce, representante de Provea.

Agregó que este es el momento para mejorar la calidad de vida en Venezuela. El Gobierno debe aprovechar para dar una mirada interna a lo que pasa en el país.

Los países que evaluaron a Venezuela hicieron énfasis en la independencia de poderes y la libertad de expresión, recordó Ponce. Además recomendaron reflexionar en torno a la garantía del derecho de asociación y manifestación pacífica que se ha tratado de inhibir en los últimos años. Finalmente hizo un llamado a respetar los tratados internacionales suscritos por el país.

La defensa

Durante el examen Nicolás Maduro informó los avances que en materia de DDHH ha tenido Venezuela bajo el gobierno de Chávez. Resaltó la disminución de la pobreza crítica y de la deserción escolar, el sistema de salud público que según sus cifras atienden al 90% de la población. Aseguró que “el Estado logró la conformación de poderes públicos independientes y autónomos”.

Afirmó que se respeta la libertad de expresión consagrada en la Constitución Bolivariana de Venezuela, pero quienes la ejerzan deben asumir su responsabilidad ante ese ejercicio. Ratificó también el carácter democrático en el país que se refleja en los 15 procesos electorales que se han hecho en los últimos 10 años.

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Epu en cifras

El presidente de la ONG Sinergia, Feliciano Reyna, presentó a través de su cuanta en la red social Twitter algunas cifras que surgieron del Examen Periódico Universal (EPU) a Venezuela. Entre ellas destacaron:

- 72% de los 50 países que participaron felicitó al Gobierno por valorar al mecanismo; 28% lo felicitó “calurosamente”.

- Cuba, Nicaragua, Líbano y Siria reconocieron personalmente al presidente Chávez por su liderazgo.

- 14 países solicitaron garantías a ejercicio libertad de expresión, trabajo periodistas y medios.

- 10 países pidieron garantías para trabajo de defensores y Organizaciones de la Sociedad Civil.

- 16 países preocupados por falta de independencia del sistema judicial, provisionalidad jueces e impunidad.

- 9 países se refirieron a la violencia, 11 a reformas policiales.

- 26% de países reconoció apoyo normativo o en políticas a indígenas, 26% a mujeres y 14% a niños y adolescentes

- 14 estados se refirieron a situación penitenciaria.

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Compromiso

El Estado venezolano aceptó 95 de las 138 recomendaciones que se le hicieron en el EPU, rechazó 38 y difirió 15 para el mes de marzo de 2012.

El viceministro de relaciones Exteriores, Temir Porras Ponce León, indicó que el 80% de las recomendaciones están en curso de implementación en el país, aseguró que se impulsará una política ambiciosa para impulsar los derechos humanos y se comprometió con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para hacerle seguimiento al EPU.

Las recomendaciones aceptadas se refieren principalmente al sistema penitenciario, atención a reclusos, apoyo y protección a activistas de los derechos humanos y Organizaciones de la Sociedad Civil.

En cambio rechazó aquellas referentes a la libertad de expresión, garantizar el acceso a la información, seguridad de periodista, enmendar el Código Penal y el Código ordinario de Justicia Militar y acabar con las retaliaciones a los disidentes, entre las más destacadas.

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Calidad educativa preocupa a defensores de DDHH

*** El informe que presentará Provea ante la ONU reconoce que el gobierno venezolano se ha preocupado por la apertura de la educación a los venezolanos, pero reclama mayor preparación de los docentes.

 

Ilustración América Urbano

El incremento en las cifras de alumnos inscritos desde 1998 hasta 2007 respalda uno de los informes de la Evaluación Periódica Universal (EPU), en el que se manifiesta satisfacción con la apertura que se le ha brindado a los venezolanos de todas las clases sociales en materia educativa.

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Convite y Acción Solidaria (Acsol) aseguran en su Informe sobre la situación de los Derechos Humanos con énfasis en los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Desc) que “Venezuela ha mejorado sustancialmente entre 1998 y 2010 en materia de oportunidades de inclusión en el sistema educativo y ha disminuido significativamente también en el mismo período las tasas de repitencia en la educación primaria y secundaria”.

Las últimas cifras con las que cuenta el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) muestran los avances que ha habido en ese sentido en el país. No obstante, los números pertenecen al período 2006/07. De allí en adelante ni el INE, ni el Ministerio del Poder Popular para la Educación han actualizado los datos para la consulta pública.

Desde 1998 la población estudiantil entre preescolar y educación media, diversificada y profesional creció de 5 millones 438 mil 432 estudiantes a 6 millones 743 mil 569 en 2006/07. En el mismo periodo disminuyó la cantidad de alumnos inscritos en el sistema de educación para adultos. Un avance importante se vio entre los alumnos en educación especial que pasaron de ser 56 mil 280 a 190 mil 036, demostrando mayor interés en atender a este sector de la población.

Tres misiones

El Gobierno nacional ha implementado tres misiones educativas: Robinson, Ribas y Sucre. La primera de ellas se creó con la intención de erradicar el analfabetismo en el país. En 2005 se declaró el país libre de analfabetismo; sin embargo, sectores de oposición sostienen que estamos lejos de erradicar totalmente este problema del país.

Una de las críticas que recibe el programa es el de los facilitadores, muchos de ellos cubanos. No obstante, para la coordinadora de Misión Robinson en Caroní, Mariela Farneitte, los educadores de este programa son profesionales de calidad. Agregó que es un gran paso el hecho de que las misiones se hayan municipalizado, porque así llegan a más población.

Farneitte aconsejó que para contribuir con la erradicación del analfabetismo “los consejos comunales deben apoyar en concientizar a las personas e incentivarlas para que adquieran su educación y no se queden a oscuras”.

La Misión Sucre, por otra parte, se creó con la intención de facilitar el ingreso de la población a la educación superior, de manera que la población “rechazada” por las universidades tuviera oportunidad de obtener un título. Esta vino de la mano con la creación de nuevos centros de educación superior como la Universidad Bolivariana de Venezuela.

Con la Misión Ribas se busca otorgar el título de bachiller a los venezolanos que no habían completado sus estudios. Esta ha llegado incluso a los centros penitenciarios, donde 70 personas se han graduado y otras 1.893 cursan estudios. 9.877 indígenas también han tenido acceso a la misión. En total, 25 mil 183 egresados se han inscrito en la Misión Sucre, otros cursan estudios de medicina en Cuba, algunos han conformado cooperativas o se han integrado al Programa del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Capacitación de Tecnologías de Negocios en la web.

Poca calidad

A pesar que se ha incrementado el acceso a la educación en el Desc se manifiesta preocupación porque “persisten serias deficiencias en cuanto a la capacitación de docentes y la infraestructura de los planteles educativos”.

Provea, Convite y Acsol citan en el informe un estudio de la Universidad Central de Venezuela (UCV) titulado ¿Qué preocupa a los maestros venezolanos? En el cual el 56% de los entrevistados respondió que el bajo rendimiento de sus alumnos no era motivo “ni siquiera de moderada preocupación”.

Existen fallas también en el hecho de que no exista un sistema de evaluación nacional de evaluación de los aprendizajes, además de que para 2010 el 44% de los docentes no eran titulares, sino interinos o suplentes.

Universidades amenazadas

La Federación de Centros Universitarios (FCU-UCV) presentará también su informe ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el que resalta la falta de investigaciones por parte del gobierno nacional sobre el incremento de la violencia contra los estudiantes, principalmente los que han demostrado ser opositores. “La comunidad universitaria y en especial los estudiantes, han sido víctimas de no solo agresiones físicas, sino que también de actos intimidatorios como de actos vandálicos”.

“De toda esta situación vivida, tenemos como consecuencia no solo una gran cantidad de estudiantes, profesores y personal afectados directamente, sino que se ha violentado el derecho a la educación, a la protesta pacífica, a la libre expresión de pensamiento, a la libre circulación, a la libre afiliación pacífica”, continúa.

La aprobación de la Ley de Educación Superior en 2010 también fue motivo de disgusto y rechazo por parte de sectores universitarios  por considerarse un ataque a la libertad académica y la autonomía universitaria, indica Provea. Las protestas provocaron que el presidente devolviera la ley a la AN donde se debe discutir nuevamente este año.

Cifras de educación

                                                                                                                             1998/99               2006/07

Cantidad de planteles y unidades educativas                                    -                              1.439

Alumnos matriculados en preescolar                                                    737.967                1.047.811

Alumnos matriculados en educación básica (1° a 9° grado)          4.299.671            4.984.453

Alumnos matriculados en educación media, diversificada           400.794                711.305

y profesional

Alumnos matriculados en educación para adultos                          359.379                356.169

Alumnos matriculados en educación especial                                   56.280                  190.036

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y Ministerio de Educación.

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Acabar con la inseguridad es tarea pendiente

***A pesar de los esfuerzos que ha hecho el Gobierno nacional para garantizar el derecho a la vida y a la seguridad ciudadana, las cifras de crímenes cometidos en el país son sumamente elevadas.

La tasa alarmante de homicidios cometidos en los últimos años es indicio de las fallas que tienen los organismos de seguridad y los entes del Estado encargados de proteger la vida y la seguridad de los venezolanos. Deficiencias que serán expuestas ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en octubre.

A la cifra de muertes se le suman también el miedo que tiene un importante número de víctimas y sus familiares de denunciar agresiones, ajusticiamientos extrajudiciales y detenciones arbitrarias como parte del flagelo que viven los venezolanos.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la población que se ha visto más afectada en los últimos años -en lo que a homicidios se refiere- es la de los estratos más pobres del país, las víctimas en su mayoría han sido hombres entre 24 y 44 años de edad.

Diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) tomaron el derecho a la vida y seguridad ciudadana como base para el informe que presentarán ante la ONU en el marco de la Evaluación Periódica Universal (EPU) a la que se someterá Venezuela el 7 de octubre.

Incremento de la violencia

Homicidios, lesiones, violación de domicilio, privación ilegítima de libertad, tortura y desaparición forzada son los crímenes que han aumentado en los últimos años a pesar de las iniciativas que ha tenido el Gobierno en materia de seguridad. El Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (Cofavic) recuerda en su informe los más de 19 mil asesinatos cometidos en 2009; el Observatorio Venezolano de Violencia contabilizó 17 mil 600 y proyectó que al cierre de 2011 la cifra se incrementaría.

Cofavic denuncia la existencia de ejecuciones extrajudiciales por funcionarios de seguridad a través del uso indiscriminado de violencia.

De acuerdo con el informe, la Defensoría del Pueblo manifestó que este tipo de ejecuciones se han utilizado “como mecanismo policial para garantizar seguridad (…) (por) el que se pudiese instaurar extraoficialmente o de hecho la pena de muerte a través del empleo, por parte de los órganos de policía, de mecanismos de violencia que vulneran el derecho fundamental a la vida y los principios de justicia, solidaridad y respeto hacia el ser humano”.

Lo difícil para resolver este tema es que muchas personas deciden no hacer denuncias por temor a represalias, amenazas y a veces por qué temen que algún efectivo esté involucrado en el crimen, también hay casos en los que se manipulan las pruebas, dificultando así las investigaciones. Las detenciones arbitrarias y violentas, golpes, maltratos, vejámenes, maltrato psicológico y verbal son las manifestaciones más comunes de abuso según Cofavic.

Entre 2000 y 2010 la Red de Apoyo por la Justicia y la paz recibió 684 denuncias de abuso policial, pero en el informe anual de la Fiscalía General de la República de 2006, Dirección de Protección de derechos Fundamentales del Ministerio Público dice que hasta ese año se tramitaron 31.285 casos.

Impunidad

“La impunidad y las limitaciones al acceso a la justicia son estructurales en Venezuela y afectan a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos”, indica Cofavic y en el mismo informe relata que la Defensoría del Pueblo se refirió a los elementos que favorecen la impunidad: “i) la aceptación del discurso del enfrentamiento policial, incluso por la propia ciudadanía; ii) el uso mediático de estas prácticas como “una herramienta efectiva para combatir los altos índices de inseguridad”; y iii) el desconocimiento de la sociedad de sus derechos y garantías, así como los medios para defenderlos”.

Defensa a la vida

La prohibición de la pena de muerte, la desaparición forzada, la esclavitud y la servidumbre están expresamente prohibidas en la constitución venezolana, señala el informe que presentará el Estado venezolano ante la ONU.

El documento no especifica las estadísticas de los últimos diez años, sin embargo resalta las acciones que se han tomado para combatir el avance de la violación de estos derechos. Entre ellos menciona el reordenamiento del sistema policial “por servir de instrumento de los anteriores gobiernos para reprimir y controlar a los más excluidos”, para ello se creó en 2006 la Comisión nacional para la Reforma Policial (Conarepol), “la cual tuvo por mandato la construcción de un nuevo modelo policial que se adecuara a las normas constitucionales, a los principios  internacionales sobre protección de los DDHH y a las exigencias de integración y prestación igualitaria de un servicio de policía”

Se creó además la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y al Código de Conducta para los funcionarios civiles o militares que cumplen funciones policiales en el ámbito nacional, estadal y municipal, en 2009; la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes) y el Dispositivo Bicentenario de Seguridad Ciudadana (Dibise). Se implementó además el Plan de prevención y Seguridad Ciudadana. El informe resalta el desarme de la población y el combate al narcotráfico.

 

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Justicia venezolana a juicio

*** El EPU evaluará la aplicación de la justicia en el país cuando las ONG y el Estado venezolano presenten sus informes ante la ONU.

El Tribunal Supremo de Justicia  (TSJ) garantiza el ejercicio de los derechos humanos, así como la eficacia y transparencia del Poder Judicial en Venezuela. Así lo expresa el informe que presentará el Estado venezolano ante la Organización de Naciones Unidas en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) el próximo octubre.

Son parte de los argumentos que presentará para defender a la justicia venezolana ante los informes de otras organizaciones como el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Observatorio de Justicia y Control Ciudadano que acusan al Estado de controlar y manejar a su conveniencia la justicia venezolana.

Destituciones de jueces y fiscales, castigo a la disidencia e incumplimiento del debido proceso son parte de las acusaciones que se despliegan en los respectivos informes de las mencionadas organizaciones no gubernamentales.

Presión sobre los jueces

Los jueces y fiscales del Ministerio Público no tienen estabilidad laboral según Provea y el Observatorio de Justicia. En 2009 solamente 936 jueces, de mil 896 que tenía el sistema judicial en ese momento, eran titulares de sus cargos, el resto eran provisorios aunque con tendencia a reducir la provisionalidad, indica Provea.

Para el OJ el ingreso, ascenso y permanencia de los jueces están supeditados a su fidelidad o no al “régimen” de Hugo Chávez. La administración de justicia se ha convertido en la solución política de los conflictos, según la ONG, debido a que no hay separación de poderes y el Poder Judicial está secuestrado para perseguir a los disidentes políticos.

Están además los castigos que han recibido varios jueces que tomaron decisiones “contrarias a los criterios del gobierno nacional”. Uno de los más resaltantes es el de María Lourdes Afiuni que “dictó una medida de libertad condicional ajustada a derecho y a favor de un reo, tras lo cual ella fue privada de su libertad”, dice el informe de Provea.

Sin justicia confiable también se afectará los derechos humanos y en Venezuela “desde 1999 existe un proceso permanente de reforma de la administración de justicia que incluye el despido de un número importante de jueces y el nombramiento de nuevos funcionarios sin que se logre estructurar un sistema de justicia efectivo”, expresa Provea.

Justicia militar

Las ONG también examinaron la justicia que imparten los organismos militares. Control Ciudadano estudió a profundidad el tema y concluyó que al igual que la civil, esta no es ni independiente ni imparcial”, pues “permite la intervención del Presidente de la República en distintas fases del procedimiento”.

Dentro del Código Orgánico de Justicia Militar (COJM) se establece que el Presidente de la República tiene atribuciones para “ordenar enjuiciar por medio del Ministro de la Defensa, a oficiales generales y oficiales almirantes. Ordenar no se abran juicios militares, cuando así lo estime conveniente a los intereses de la Nación. Ordenar sobreseimientos en juicios militares y  conceder indultos. Estas atribuciones comportan graves interferencias en el cumplimiento de los principios del debido proceso, independencia del poder judicial, garantías judiciales y juez natural”.

Ante esta situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado venezolano “establecer, en un plazo razonable, a través de su legislación, límites a la competencia de los tribunales militares, de forma tal que la jurisdicción militar únicamente se aplique a militares en ejercicio y por delitos de función; así como derogar, en un plazo razonable, toda disposición de la normativa interna venezolana que no resulte conforme con dicho criterio”.

Sostiene la ONG que a pesar de la sentencia de la CIDH, el Gobierno no ha hecho ninguna de las modificaciones y “esta situación permite hoy en día poner en duda el cumplimiento de garantías básicas en un estado de derecho, además de evidenciar una falta de voluntad política para poner fin a esta constante vulneración de derechos humanos”.

Destituciones

Además de Afiuni, otras destituciones han alertado a organismos nacionales e internacionales como sucedió en 2003 cuando la Comisión de Funcionamiento y reestructuración del Sistema Judicial ordenó la destitución de los miembros de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo (Juan Carlos Apitz, Perkins Rocha Contreras y Ana María Ruggeri, Evelyn Marrero Ortiz y Luisa Estela Morales Lamuño) por un supuesto “error judicial inexcusable”.

Aptiz, Rocha y Ruggeri exigieron la nulidad en Venezuela sin lograr nada en el país por lo que acudieron a la Cidh que sentenció su restitución, si estos lo aceptaban pero el TSJ desestimó la sentencia.

La ex jueza Mercedes Chocrón fue destituida luego de notificar medidas cautelares a favor del ex general de la Guardia Nacional Carlos Alfonzo Martínez. No recibió ningún tipo de razones para tal decisión, por lo que llevó el caso a la Cidh, que a principios de julio sentenció que: “El Estado debe reincorporar a la señora Chocrón en el plazo máximo de un año a partir de la notificación de esta sentencia, a un cargo similar al que desempeñaba, con la remuneración, beneficios sociales y rango equiparables a los que le corresponderían el día de hoy si hubiera sido reincorporada en su oportunidad”. Aún no se ha ejecutado la medida.

Justicia venezolana avanza

El Estado venezolano cuenta con su propio informe que presentará ante la ONU. En el apartado sobre acceso a la justicia asegura todas las personas tienen acceso a los órganos jurisdiccionales, se ha desarrollado la inclusión y la inmediación dentro de los procesos.

El sistema cuenta con 164 tribunales de atención a niños y adolecentes, 38 de protección a la mujer, 21 de derecho agrario y 335 tribunales del trabajo. Los procesos de reestructuración, evaluación y capacitación han permitido al poder Judicial contar con 1.910 jueces en la actualidad. “Asimismo, posee una plataforma tecnológica garantiza al justiciable eficacia y transparencia en los procesos. Ello ha permitido ubicar a Venezuela como el segundo país más moderno y técnicamente más avanzado de América Latina”.

En cuanto al MP, el ministerio especifica que “ha creado fiscalías especializadas en violencia de género; los fiscales penitenciarios cuya misión es garantizar el respeto de los derechos humanos de los privados de libertad, y las fiscalías municipales que tienen entre sus atribuciones intensificar el contacto y la comunicación con cada comunidad”.

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Radiografía laboral venezolana irá al EPU

*** El gobierno venezolano deberá responder a las denuncias de las organizaciones civiles ante la ONU por supuesta violación de los derechos laborales en el país.

(Foto: Lesly Martínez)


El Examen Periódico Universal (EPU) para Venezuela pasará por la revisión de los sucesos que en materia laboral han acontecido en el país. La Organización de Naciones Unidas (ONU) estará atenta ante los informes que presentarán tanto el gobierno venezolano como las organizaciones civiles que tendrán su espacio para mostrar lo recopilado durante los últimos cuatro años.

En octubre es la cita para el EPU y se trata de una auditoría a la  Información sobre la situación de los Derechos Humanos con énfasis en los Económicos, Sociales y Culturales (Desc). Este registro será presentado conjuntamente por el Programa Venezolano  de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Convite y Acción solidaria Contra el Sida (Acsol).

El dossier especifica las violaciones y avances que se han producido en el país durante los últimos cuatro años respecto a cada uno de los derechos humanos, acerca de los cuales reconocen “la existencia  de un discurso desde el Estado a favor de estos derechos, así como avances en varios de ellos. Pero al mismo tiempo constatamos serias dificultades que entraban su plena realización”.

Sacan a relucir una vez el clima de confrontación político en el país y la discriminación contra las personas que difieren de la posición política del gobierno de Hugo Chávez, tal es el caso de las consecuencias que trajo la Lista Tascón que produjo numerosas denuncias de discriminación de personas que aparecen en ella.

Provea, Convite y Acsol se refieren a la disminución de la pobreza en el país, estancada desde  2008 según el informe; al incumplimiento de las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos y al apoyo condicionado a la participación social. Pero dos puntos que ocupan un espacio importante son los derechos laborales, a manifestar y defender los derechos humanos.

 Estancados en materia laboral

Los derechos laborales encabezan el informe de las organizaciones civiles. Entre octubre de 2006 y septiembre de 2010 se contabilizaron 181 asesinatos de trabajadores y sindicalistas principalmente por enfrentamientos para conseguir puestos de trabajo. El informe coincide con el análisis de sociólogos que indican que este tipo de violencia se produce, porque los dirigentes se convierten en gestores de empleo y cobran por esa labor.

Además del incremento de este tipo de crimen, la impunidad agrava la situación. Por ejemplo, en el periodo que comprende 2008-2009 hubo 46 asesinatos, de los cuales la Fiscalía emitió órdenes de captura en nueve casos y solo uno fue presentado ante los tribunales.

La conformación de la mesa de alto nivel con participación de sindicatos, ministerios del Trabajo e Interior y Justicia dio luz verde a la solución de los enfrentamientos en 2007, pero la mesa se disolvió antes de dar resultados. Al respecto, el dirigente sindical, Andrés Escalona, señaló recientemente que la mesa se sustituyó por el Frente de Trabajadores de la Construcción, al menos en el estado Bolívar, y este se reúne directamente con las autoridades.

 Espera por la LOT

La constitución de 1.999 establece la reducción de la jornada laboral y el retorno de las prestaciones sociales, esto da origen a una reforma de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) que todavía no se ha hecho. En 2008 el Ministerio del Trabajo informó que no se podría hacer una reforma integral de la LOT por lo que se harían parciales. En 2009 se convocó a la discusión, pero no se presentaron proyectos. Ese mismo año y el siguiente se incluyó en agenda, pero no se discutió.

En 2010 el diputado Oswaldo Vera pronosticaba que antes de finalizar el año se aprobaría la nueva ley, de hecho trabajadores presentaron algunas propuestas, pero la AN no llegó a discutir la reforma.

Entre las modificaciones que solicitan los trabajadores que se incluyan está acabar con la impunidad de los patronos, lo que se haría a través del incremento de las multas, el fin de la tercerización y de los despidos injustificados.

Para comienzos de 2011 el presidente Chávez anunció que se harían algunas modificaciones puntuales vía Ley Habilitante. De allí nació la Ley Especial para la Dignificación de Trabajadores y Trabajadoras Residenciales, publicada el 6 de mayo.

Actualmente la comisión de asuntos sociales de la AN inició el debate de la reforma y anunció que irán a discusión popular de la LOT.

Otra de las denuncias respecto a la LOT es el carácter unilateral que ha tomado el anuncio del incremento de los salarios mínimos, donde el gobierno nacional los ha fijado sin consultar a trabajadores y patronos.

 CNE y sindicatos

Dentro del EPU se plantea como contraproducente la injerencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) en los comicios sindicales. Se recuerda que “la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Conferencia Internacional del Trabajo en la 97 reunión de 2005 recomendó a Venezuela que el CNE deje de inmiscuirse en las elecciones sindicales y deje de estar facultadas para anularlas”.

Entre los problemas que ha provocado la participación del CNE se encuentra el del gremio de médicos que tiene más de ocho años esperando hacer elecciones y responsabiliza al ente comicial de no haberlo hecho todavía.

El CNE aprobó dos reglamentos en los que se limita su participación en comicios laborales, sin embargo, las elecciones no se pueden celebrar sin su previa notificación. Cualquier inconveniente que se produzca en esta instancia impide que el sindicato ejerza sus funciones, entre ellas las discusiones contractuales.

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