Independencia de poderes, derecho a la vida, la situación carcelaria, libertad de expresión y respeto al trabajo de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) fueron los puntos más álgidos a los que se enfrentó Venezuela durante el Examen Periódico Universal (EPU) en Ginebra.
Setenta y cuatro naciones juzgaron, para bien o para mal, los derechos humanos en Venezuela, 50 de ellas tuvieron la oportunidad de hacerlo verbalmente formulándole preguntas a la delegación venezolana que contaba con altos funcionarios: el canciller Nicolás Maduro; la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz; los embajadores en Europa y más de 20 funcionarios públicos, entre ellos, la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez. 43 naciones rechazaron la política de derechos humanos en el país.
Los primeros en intervenir fueron países aliados de Venezuela, entre ellos, Cuba, Nicaragua y Rusia. Sobre la mesa estaban el informe que presentó el Estado venezolano con 152 puntos y que fue criticado en el país porque le faltaban cifras. También redactaron su documento 144 organizaciones gubernamentales que velan por los DDHH en el país.
Finalizada la primera parte de la evaluación, la de las intervenciones, el presidente de la República Hugo Chávez calificó como una victoria la participación de Venezuela. En tanto las ONG del país como la comunidad internacional alabó el reconocimiento y la importancia que se le dio al EPU y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que fue visto como un espacio para el diálogo y para buscar soluciones; pero días más tarde, ya en suelo venezolano, se volvió a criticar la actitud que tomó la representación gubernamental en torno a las recomendaciones que se le dio.
Claves de los DDHH en el país
Rocío San Miguel, presidente de Control Ciudadano, una de las ONG presentes en Ginebra, destacó que del examen resultaron cinco puntos claves que son necesarios corregir en el país.
En primer lugar el derecho a la vida, pues las cifras indican que este es el país más violento de América Latina y hacen falta medidas urgentes para disminuir el nivel de agresión en el territorio nacional.
La violencia y el hacinamiento en el sistema carcelario es otro de los temas que apuntó San Miguel. Le siguen la libertad de expresión y la criminalización hacia este derecho, la independencia de poderes -en especial del judicial- y el respeto a los defensores de los derechos humanos son puntos que el Gobierno debe resolver.
Para la presidenta de Control Ciudadano, “el Estado no tuvo una respuesta feliz y trató de ‘invisibilizar’ las cifras”. Sin embargo, “esperamos rectificación del Gobierno”.
San Miguel fue una de las que cuestionó la actitud que se tomó después del EPU. “Esta es una oportunidad estelar para el Gobierno de rectificar en derechos humanos y elaborar un plan nacional, (sin embargo) en 72 horas desde que se realizó la evaluación, las reacciones del Gobierno han sido muy feroces”.
Momento de mejorar
“El Gobierno decide qué posición tomar en las condiciones que más le convienen (…) Confiamos que las medidas que se tomen sean transparentes, que evalúen y tomen en cuenta que la evaluación es para mejorar los derechos humanos”, dijo Marco Antonio Ponce, representante de Provea.
Agregó que este es el momento para mejorar la calidad de vida en Venezuela. El Gobierno debe aprovechar para dar una mirada interna a lo que pasa en el país.
Los países que evaluaron a Venezuela hicieron énfasis en la independencia de poderes y la libertad de expresión, recordó Ponce. Además recomendaron reflexionar en torno a la garantía del derecho de asociación y manifestación pacífica que se ha tratado de inhibir en los últimos años. Finalmente hizo un llamado a respetar los tratados internacionales suscritos por el país.
La defensa
Durante el examen Nicolás Maduro informó los avances que en materia de DDHH ha tenido Venezuela bajo el gobierno de Chávez. Resaltó la disminución de la pobreza crítica y de la deserción escolar, el sistema de salud público que según sus cifras atienden al 90% de la población. Aseguró que “el Estado logró la conformación de poderes públicos independientes y autónomos».
Afirmó que se respeta la libertad de expresión consagrada en la Constitución Bolivariana de Venezuela, pero quienes la ejerzan deben asumir su responsabilidad ante ese ejercicio. Ratificó también el carácter democrático en el país que se refleja en los 15 procesos electorales que se han hecho en los últimos 10 años.
++RECUADRO++
Epu en cifras
El presidente de la ONG Sinergia, Feliciano Reyna, presentó a través de su cuanta en la red social Twitter algunas cifras que surgieron del Examen Periódico Universal (EPU) a Venezuela. Entre ellas destacaron:
– 72% de los 50 países que participaron felicitó al Gobierno por valorar al mecanismo; 28% lo felicitó “calurosamente”.
– Cuba, Nicaragua, Líbano y Siria reconocieron personalmente al presidente Chávez por su liderazgo.
– 14 países solicitaron garantías a ejercicio libertad de expresión, trabajo periodistas y medios.
– 10 países pidieron garantías para trabajo de defensores y Organizaciones de la Sociedad Civil.
– 16 países preocupados por falta de independencia del sistema judicial, provisionalidad jueces e impunidad.
– 9 países se refirieron a la violencia, 11 a reformas policiales.
– 26% de países reconoció apoyo normativo o en políticas a indígenas, 26% a mujeres y 14% a niños y adolescentes
– 14 estados se refirieron a situación penitenciaria.
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Compromiso
El Estado venezolano aceptó 95 de las 138 recomendaciones que se le hicieron en el EPU, rechazó 38 y difirió 15 para el mes de marzo de 2012.
El viceministro de relaciones Exteriores, Temir Porras Ponce León, indicó que el 80% de las recomendaciones están en curso de implementación en el país, aseguró que se impulsará una política ambiciosa para impulsar los derechos humanos y se comprometió con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para hacerle seguimiento al EPU.
Las recomendaciones aceptadas se refieren principalmente al sistema penitenciario, atención a reclusos, apoyo y protección a activistas de los derechos humanos y Organizaciones de la Sociedad Civil.
En cambio rechazó aquellas referentes a la libertad de expresión, garantizar el acceso a la información, seguridad de periodista, enmendar el Código Penal y el Código ordinario de Justicia Militar y acabar con las retaliaciones a los disidentes, entre las más destacadas.
En el papel 